MadridPor primera vez, dos exresponsables de la Comunidad de Madrid serán investigados por la gestión de las residencias durante la pandemia. Según las asociaciones de víctimas, 7.291 personas fallecieron en estos centros en medio de un protocolo de actuación muy cuestionado. El Gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llegó a decir que la cifra de muertos en las residencias era falsa.

Fueron la zona cero de la pandemia. En las residencias de mayores fallecieron, según los denunciantes, 7.291 personas a causa del covid. Ante el colapso sanitario, los protocolos de la Comunidad de Madrid rechazaron que los mayores dependientes fueran tratados a los hospitales. A juicio de sus familias, sus padres y abuelos fueron abandonados hasta la muerte.

Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo serán investigados por la gestión de las residencias

Cinco años después del covid, la Justicia ha citado a dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que firmaron esos protocolos médicos. Los investigados son Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, autores del protocolo que impidió a los mayores dependientes acudir a los hospitales. Mur era el director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores.

Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando fue cesado. El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

Las asociaciones de las víctimas celebran la noticia

Ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos del Gobierno regional sean llamados a declarar como investigados. “Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que la cuenten y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes", declaran.

Los denunciantes mantienen que las 474 residencias de la Comunidad de Madrid no se medicalizaron en la pandemia y que los afectados tuvieron que morir solos, aislados y abandonados a su suerte.

Los dos altos cargos están llamados a declarar el próximo lunes

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido hoy su gestión: "Es una causa que ya estaba archivada hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo. Es toda la información que tengo".

Los dos altos cargos están llamados a declarar el próximo lunes por un presunto delito de denegación de servicio público, penado con hasta ocho años de cárcel. Su imputación ha llegado días antes de que se cumplan el plazo de cinco años para que este tipo de delitos quede prescrito. El Juzgado tres de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente.